Durante la primera mitad de la década del noventa, el país se encontraba consolidando el reciente restablecimiento de la democracia, procurando la mantención de un clima de gobernabilidad, al mismo tiempo que se desarrollaba una nutrida discusión pública sobre la llamada “deuda social”.
La noción de “deuda” surge para denominar el “compromiso pendiente” del Estado, fundamentalmente, con un segmento importante de ciudadanos que experimentaron los altos costos sociales derivados de la reestructuración económica y política registrada en el país durante la década previa.
